El procurador General Luis Martínez deberá privilegiar el interés de los empresarios o el pago de los salarios a los estatales
Debe dictaminar en las medidas cautelares presentadas para frenar el pago del anticipo financiero de $21 mil millones a las empresas que están involucradas en dos licitaciones sometidas a un proceso judicial sin resolverse todavía.
El Gobierno saliente a menos de dos meses de terminar el mandato licitó dos proyectos por $70 mil millones que demandan en un caso 650 días de ejecución y en el otro 30 meses. Se trata de la Ciudad Judicial por $41.321.324.726 y la refuncionalización de un acceso en la Ruta N°1 por $ 28.650.000.000.
En la movida oficial están jugando las empresas Semisa, Rovella Carranza SA y Serving SRL a pesar de que hay un proceso en curso en la Justicia porque estas obras superan ampliamente el tiempo de gestión que le queda a Alberto Rodríguez Saá.
Lo único que alcanzaría a hacer en las últimas semanas en Terrazas del Portezuelo es adjudicar y pagarles el anticipo financiero del 30% de los casi $ 70 mil millones que suman ambas obras.
La liberación de los $21 mil millones a las constructoras depende de la Justicia.
Ahora la causa de las cautelares la tiene el procurador General, Luis Martínez. Su dictamen dirá si privilegia el interés de los empresarios o el pago de los salarios a los estatales.
La última palabra la tendrá después el Superior Tribunal de Justicia.
El Gobierno de Rodríguez Saá arrastra un déficit crónico y viene de liquidar los últimos 85 millones de dólares de reservas.
La herencia que dejará incluye las cuentas en rojo y está en riesgo el pago de los sueldos de diciembre a los estatales.
El costo salarial mensual es de $26.150 millones sin incluir el aguinaldo.
Rodríguez Saá quiere transferirles antes del 10 de diciembre a las empresas $21 mil millones.